Hablar de educación en Paraguay es hablar de un derecho humano fundamental que atraviesa la vida de todas las personas. La educación no se limita a aprender a leer, escribir o sumar; es una herramienta para construir ciudadanía, abrir puertas de oportunidades y formar individuos capaces de transformar su realidad. Por ello, la Constitución Nacional reconoce a la educación como un pilar esencial para el desarrollo individual y colectivo, y la coloca entre los derechos más importantes.
La Constitución de 1992, en su Capítulo VII, De la Educación y la Cultura, establece que toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente. Además, indica que la enseñanza escolar básica es obligatoria y gratuita, lo que asegura que ningún niño o niña quede excluido del sistema educativo por razones económicas. En el mismo sentido, garantiza la gratuidad de la enseñanza en instituciones públicas en los niveles inicial, básico y medio, y reconoce la libertad de cátedra y la autonomía universitaria como principios que protegen la pluralidad del pensamiento y el libre desarrollo del conocimiento.
Entre la norma y la realidad: desafíos del derecho a la educación
Aunque el marco legal es robusto, los desafíos son evidentes. Persisten desigualdades profundas que dificultan el acceso a una educación de calidad para todos. En comunidades rurales e indígenas, muchas veces los niños deben recorrer grandes distancias para llegar a una escuela, y en ocasiones la infraestructura no es adecuada. La deserción escolar también es un problema, vinculada en gran medida a factores económicos: muchos adolescentes dejan sus estudios para incorporarse tempranamente al mercado laboral y ayudar a sus familias.
A ello se suman los desafíos de la calidad educativa. No basta con garantizar la presencia en las aulas; se necesita que la enseñanza sea inclusiva, pertinente y adaptada a los nuevos tiempos. La brecha digital, por ejemplo, se hizo visible con fuerza durante la pandemia: miles de estudiantes quedaron rezagados al no contar con acceso a internet o dispositivos adecuados. Esto revela que el derecho a la educación no puede medirse solo en matrícula escolar, sino también en igualdad de condiciones para aprender.
En el plano internacional, Paraguay ha reafirmado su compromiso con la educación mediante tratados como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. Estos instrumentos destacan que la educación debe ser accesible, gratuita en su etapa básica, y orientada al pleno desarrollo de la persona, la dignidad humana y la vida democrática.
El derecho a la educación en Paraguay está protegido por la Constitución y reforzado por compromisos internacionales. Sin embargo, su vigencia plena exige ir más allá de la norma: demandas políticas públicas efectivas, inversión sostenida en infraestructura y calidad, y un esfuerzo conjunto de Estado, sociedad y academia.
Defender este derecho es mucho más que cumplir con un mandato legal; es asegurar que cada niño, joven y adulto tenga la posibilidad de aprender, crecer y soñar con un futuro distinto. La educación, al final, no es solo un servicio: es la base sobre la cual se construye una sociedad más justa, equitativa y democrática.
Autor: Mag. María Alejandra Quintana Molinas
Coordinadora de Carrera de la Facultad de Educación a Distancia y Semipresencial
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